EL REINTEGRO DE SUBVENCIONES

 

La Administración Pública, tanto la española como la comunitaria, están intensificando sus actuaciones para REINTEGRAR CADA EURO DE LAS AYUDAS recibidas por las empresas. Para ello, se valen del Procedimiento de Reintegro.

La dificultad de este tipo de litigios es relevante, y en algunos casos se complica aún más, pues la ayuda fue recibida a través de un Consorcio de empresas liderado por un Coordinador, que representa a éste ante la Administración.

Nuestro despacho tiene una larga experiencia en este tipo de litigios, que en muchos casos conllevan actuaciones tanto a nivel nacional como comunitario,  e incluso en la vía penal, en esta última vía, para el caso de la apropiación de los fondos recibidos por el Coordinador o representante del Consorcio.

Sea cual sea la vía en la que se desarrolle el litigio, es importante tener presente algunos conceptos fundamentales que rigen este tipo de procesos y en los existe bastante confusión al respecto, y que esta presentación se pretende ayudar a aclarar.

Revocación o reintegro de la subvención.

  1. Aunque el órgano concedente comprobara en su momento  la adecuada justificación de la subvención, así́ como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinó la concesión o disfrute de la misma. Esta concesión puede ser revisada a instancia del órgano concedente en el plazo de 4 años de ser comprobada,  mediante una auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado  (IGAE) a instancia del órgano concedente.

 

  1. La decisión de reintegro total o parcial de la subvención debe ser motivada, conforme a lo indicado por la LRJ-PAC, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho.

 

  1. Una de las razones más comunes para justificar la revocación parcial o total de la subvención por la Administración, es la supuestas carencias de la información presentada por el beneficiario.

 

  1. No obstante hay que tener en cuenta que no cualquier carencia de información para la justificación de los gastos por el beneficiario, puede ser considerada como infracción de la normativa aplicable. A este respecto, conviene resaltar lo establecido en el en la LGS que exige “Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones,”

 

  1. Resulta conveniente destacar lo establecido por Código de Comercio en relación a la información de obligado cumplimiento del empresario : "Todo empresario deberá llevar una contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su empresa que permita un seguimiento cronológico de todas sus operaciones, así como la elaboración periódica de balances e inventarios. Llevará necesariamente, sin perjuicio de lo establecido en las leyes o disposiciones especiales, un libro de Inventarios y Cuentas anuales y otro Diario.

 

  1. A la vista de la legislación expuesta, así como de buena parte de las las bases reguladoras analizadas por el despacho, alguna documentación exigida por la Administración en su motivación para la revocación, podría carecer de fundamento e incluso podría considerarse una condición imposible según nuestro Código Civil.

 

  1. Otro hecho relevante a tener en cuenta, es que la Ley restringe la causa de reintegro  a que del incumplimiento  del beneficiario se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos recibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones. Una actitud que dificulte la verificación sin llegar a imposibilitarla podrá ser constitutiva de infracción leve pero no se considera causa de reintegro. Por tanto para que se dé esta causa se requiere una conducta activa de la Administración tendente a la comprobación de la aplicación de la subvención, una conducta obstruccionista, activa o pasiva, del beneficiario y un resultado que suponga la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos públicos.

 

 

 

 

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